En Venezuela la disidencia se castiga con represión

La revolución pone en peligro el principio de igualdad ante la ley. El modus operandi de la justicia revela la existencia de una política oficial contra quienes piensan distinto.

Portada El Nacional 28-01-2010

Por Maru Morales P.  | @morapin

Publicado en El Nacional impreso el 17 de mayo de 2010

El registro de casos no es exhaustivo, pero confirma que cada vez son más los sectores de la sociedad que quedan expuestos a lo que varios especialistas coinciden en identificar como una política oficial de retaliación por razones ideológicas. El miedo a expresarse y la certeza del desamparo legal son algunas de las consecuencias que experimenta la ciudadanía. 
Para determinar si en realidad existe una política concertada de castigo a la disidencia, el profesor universitario y politólogo José Vicente Carrasquero sugiere comparar casos similares: “Raúl Baduel fue condenado mientras Diosdado Cabello, que también fue denunciado por presuntas irregularidades, no es investigado; los comisarios y policías metropolitanos fueron condenados, pero los pistoleros de Puente Llaguno fueron liberados. Cuando encuentras el elemento de la discriminación hacia unos y el favorecimiento de otros entonces hay retaliación.” 
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Apitz, ex miembro de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, agrega que “si logras determinar la existencia de un modus operandi en los organismos encargados de aplicar justicia, entonces hay retaliación. Si en dos casos encuentras la misma respuesta de la fiscalía, la defensoría y los tribunales por acción u omisión contra grupos o personas disidentes, se puede afirmar que se trata de una política de Estado”. 

Derechos afectados

Aunque los delitos imputados en cada expediente difieren, Juan Carlos Apitz ve peligrar dos derechos esenciales: el principio de igualdad ante la ley, porque frente a un mismo supuesto delito unos son juzgados y otros no; y el derecho a tener una opinión y expresarla sin que ello acarree consecuencias negativas. 
Por su parte, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, explica que la retaliación es posible porque la Constitución dejó de ser el marco de acción del gobierno. Toda acción judicial y administrativa se rige por lo que el Presidente piensa que son los supremos intereses de la revolución. 
En ese contexto, afirma la psicóloga social Mercedes Pulido, surge un estado de anomia social, es decir, “un panorama donde reina la incertidumbre porque la sociedad no tiene instituciones a las cuales acudir, pierde sus referencias de funcionamiento y de convivencia.” 

Castigo ejemplarizante 

El expediente contra la jueza María Lourdes Afiuni provocó en diciembre pasado que tres relatores de derechos humanos de la ONU emitieran un comunicado conjunto en el que consideran que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”. 
Para Nikken esta realidad se produce porque los poderes públicos han asumido para sí un precepto militar: son obedientes y no deliberantes, lo cual suprime la independencia en sus actuaciones. El efecto de esta realidad en la psique de la ciudadanía, según Pulido, es el silencio, la división y la fragmentación de los esfuerzos. 

Encuestas vs. Realidad 

Al revisar los estudios de opinión pública nos encontramos con una contradicción: las expropiaciones, el cierre de medios de comunicación, la eliminación de las competencias de los gobiernos regionales, generan un alto rechazo (siempre superior al 70%). Cabe preguntarse ¿por qué el ejecutivo sigue tomando medidas impopulares? 
José Vicente Carrasquero ofrece una explicación: para la gente está claro, por ejemplo, que la propiedad privada o la libertad de expresión son buenas, pero cada quien está tan ocupado en sus propios asuntos que no le queda espacio para participar en lo político. “Entonces –indica- los encuestadores le preguntan a la gente su opinión con respecto a un asunto puntual, pero no le preguntan qué estaría dispuesta a hacer para defender ese derecho o cambiar la situación”. 
Mercedes Pulido complementa el escenario al afirmar que las principales debilidades de la sociedad venezolana siguen siendo “la incapacidad para unirse en torno a una causa, y la naturaleza negociadora de los venezolanos”. Advierte que si todos los expropiados se unieran para defenderse, podrían tener un mayor impacto, pero por una condición innata, siempre se prefiere la negociación individual, antes que el trabajo colectivo para defender un derecho.

Lo dice la CIDH 

En su informe titulado Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión-IDH revela que entre 2005 y 2009 las protestas dejaron: 

• 2.240 personas procesadas. 
• 1.507 campesinos y 300 estudiantes en régimen de presentación. 
• 150 trabajadores de la CTV y Únete enjuiciados. 

La Comisión concluyó que “el Ministerio Público y los jueces de control se han convertido en instrumento de represión de la lucha social”.

Foto principal captura de pantalla portada El Nacional impreso (28-01-2010)

Nota: El texto precedente fue publicado en el diario El Nacional impreso el 17 de mayo de 2010 (Página Nación 2)