Diálogo, segundo round

En dos artículos de opinión previos, me he referido al diálogo propuesto por el presidente Nicolás Maduro a sectores de la oposición. Luego de la reunión en Miraflores de este jueves 10 de abril y luego de escuchar los discursos de los 11 interlocutores de la MUD y los 13 del gobierno, se van aclarando algunas cosas.

Foto cortesía El Nacional

Por Maru Morales P.  | @morapin
Opinión

En primer lugar, que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no tiene ni parece querer tener condiciones para escuchar a la oposición. Fue tajante al señalar que no estaba sentado en el Salón Ayacucho para negociar nada. Eso implica que estaba ahí para cumplir con una instrucción que probablemente le dio el presidente Maduro, pero no para revisar los errores en el desempeño del gobierno (y de la Asamblea Nacional), y mucho menos para corregirlos. En otras palabras, Cabello se sentó en el Palacio de Gobierno a ratificar su postura sobre el diálogo con la oposición de diciembre de 2013.

Ayer, Maduro lo dejó por fuera de la comisión de enlace que establecerá una propuesta de agenda de trabajo con algunas de las peticiones hechas por la Mesa de la Unidad.

Fue cristalino también el hecho de que cada vez más, el presidente Maduro se apoya en el vicepresidente Jorge Arreaza, quien será el coordinador de la mencionada comisión de enlace. “Yo confío en este hombre que está aquí, plenamente. Nos lo dejó Chávez como vicepresidente”, dijo con énfasis en la reunión de anoche señalando a Arreaza.

En segundo lugar, quedó en evidencia que la posición de la facilitación internacional tendrá que ser mucho más activa y propositiva que la de 2004, encabezada por el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria. Si esta instancia se convierte en un espacio para “decirse verdades” semanalmente de lado y lado, pero no concreta a corto plazo resultados tangibles, será un nuevo fracaso. Y lo que es peor, podría terminar siendo un factor de frustración colectiva que atizaría los ánimos de los manifestantes.

Si la facilitación internacional no articula, por ejemplo, mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, todo se desvanecerá. Y el temor es sustentado no solo en lo que ocurrió con la Mesa de 2004, sino porque en 2013, escasas semanas después de las elecciones presidenciales de abril, Unasur, de la que son parte los tres cancilleres facilitadores hoy, aprobó exhortar a los poderes venezolanos a realizar todo lo necesario para que el resultado de las elecciones fuera auditado de acuerdo a la ley venezolana. Pero hasta ahí llegó Unasur. No se ocupó de velar que eso se cumpliera, y en efecto, no se cumplió. 

El tipo de auditoría aprobada por el CNE no respondió a la petición de la MUD de cotejar los cuadernos electorales, la sentencia del TSJ no hizo valer el derecho de cualquier ciudadano de solicitar (y que se estudie) la nulidad de una elección y la actuación de la directiva de la Asamblea Nacional en ese momento no permitió ni siquiera ejercer el derecho a disentir de los diputados de la oposición, voceros de sus electores y de muchos de los electores que votaron por la opción contraria a Maduro.

En la Mesa de 2004 se acordó crear una comisión de la verdad que nunca se constituyó y se acordó promover el desarme de la población civil, lo cual tampoco se ejecutó. Ni el Centro Carter, ni la OEA ni el PNUD se ocuparon de promover el cumplimiento de esos dos convenios y se limitaron a presenciar la consulta electoral sobre al revocatoria del mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Luego se retiraron.

En tercer lugar, sin demeritar a los sectores de oposición que argumentaron su decisión de no acudir a la reunión,  el balance recogido en estas pocas horas transcurridas luego del debate, parece positivo. Para los seguidores de Maduro, éste y su colaboradores dijeron las verdades a la oposición; para los seguidores de la MUD, sus voceros dijeron las verdades a Maduro y su gobierno.

Al mismo tiempo, los extremistas de cada grupo, que condenaron y acusaron de “entreguistas” a la oposición y que fustigaron y tildaron de “restauradores de la cuarta república” al gobierno, parecieron obligados, al menos hoy, a bajar el volumen de sus ataques.
Quizá en las próximas reuniones podamos ver a otros dirigentes partidistas de lado y lado incorporarse al debate.  Sería necesario que el movimiento estudiantil que adversa las políticas de Maduro sea escuchado también en vivo y directo y en cadena nacional por el presidente.
Sin duda alguna, las protestas que ellos han motorizado (y el lamentable saldo de víctimas mortales, detenidos y torturados que ellos han puesto desde el 2 de febrero de este año) obligaron al Ejecutivo a sentarse. Por el otro lado, el aumento progresivo de ese triste saldo también obligó a la oposición a deponer la demanda de unas condiciones previas para sentarse.

Por último, ayer, por primera vez en 10 años, la oposición y el gobierno se sentaron bajo el mismo techo a expresar sus disconformidades, exigencias y argumentos. Lo habían hecho en la Mesa de 2004 casi siempre a puertas cerradas o con cobertura parcial de los medios de comunicación. Ayer fue en cadena y eso es una novedad porque seguidores del gobierno o personas que habitan en sitios recónditos de nuestro país a donde solo llegan las señales de VTV y las radios comunitarias cooptadas por el gobierno, escucharon por primera vez en 10 años, sin filtro los planteamientos de la oposición.

No obstante, es de esperarse que en las próximas reuniones se ahonde en las causas profundas de la crisis actual y sobre todo en la manera de corregirlas. En el debate de ayer apenas hubo tímidas referencias.

Esas causas son:

• El modelo económico “súper estatista”, donde la expropiación, la falta de insumos para el funcionamiento de las empresas, la corrupción en la asignación de divisas, la caída dramática de la producción de alimentos y el incremento de las importaciones de todo,  han provocado la inflación y escasez más altas de los últimos 15 años, deteriorado el salario y la calidad del vida de todos. Pues incluso hasta quienes reciben beneficios sociales del Estado, no pueden rendir el dinero para comprar lo que consigan.

• El modelo social “super protector”, que no estimula al ciudadano a superarse sino que le enseña a conformarse; donde se cambiaron los modelos de evaluación escolar para que ningún niño repruebe a pesar de no demostrar dominio de las materias dictadas en vez de dinamizar los modelos de enseñanza y garantizar la calidad en la formación docente; y donde se vende la idea de que las redes de alimentos y de salud desarrolladas por el gobierno de Chávez y Maduro son regalos y no obligaciones del Estado y sus gobernantes. Esos, entre otros aspectos, han llevado a un profundo deterioro ético, principista y moral de una parte de la sociedad que han alimentado la corrupción del Estado. El “quítate tú para ponerme yo” y el “póngame donde hay” característicos de los gobiernos entre 1976 y 1998 no fueron superados sino profundizados en la revolución.

• El modelo de seguridad “super permisivo con la delincuencia”, que se muestra en una impunidad de más de 95% de los delitos denunciados e investigados por la Fiscalía; que exalta al antisocial en cadena de radio y televisión tratándolo como una “víctima de la cuarta república” en vez de desarrollar una firme política de condena y luego garantizar la reinserción social productiva de esas personas; y que no promueve el desarme efectivo de civiles armados que públicamente han sitiado a comunidades enteras, nos ha convertido hoy en el segundo país más violento del mundo con una tasa de criminalidad 6 veces superior al promedio de Latinoamérica.

• El modelo institucional “super hegemónico”, donde no es posible encontrar una sentencia del TSJ que condene al gobierno en los últimos 15 años;  donde los magistrados del TSJ cada inicio del año judicial vociferan consignas más radicales dejando claro que defienden a un sector del país y no a todos los venezolanos; donde el CNE está dirigido por personas que hasta horas antes de su nombramiento militaban activamente en el partido de gobierno; donde las decisiones de ese CNE (como fijar la elección presidencial de 2013 la misma fecha que Chávez retornó al poder en 2002, o la de las elecciones municipales de 2013 el mismo día que Chávez se despidió del país un año antes para ir a tratarse a Cuba) se acomodan a la agenda del partido político de Maduro; donde la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría parecen esforzarse en mirar a otro lado cuando se trata de denuncias contra el Estado y el Gobierno pero actúan con diligencia cuando son contra la oposición; y donde la Asamblea Nacional se convirtió en un coliseo romano con una mayoría de diputados que oprime a la minoría que paradójicamente obtuvo la mayoría de los votos.

Foto principal cortesía El Nacional