Nicolas Maduro: el heredero de Chávez que quiere repetir en la presidencia

Construyó poco más de un millón de casas en su gobierno, pero a cambio destruyó la economía. Se hace llamar presidente obrero, sin embargo, acabó con el poder adquisitivo del salario. En su campaña habla del «voto libre» y a continuación promete un bono a quienes voten por él. Crónica.Uno te cuenta su ascenso lento pero seguro al poder, quiénes lo asesoran, cómo su nombre salió a relucir en el escándalo de Odebrecht y por qué hay dudas sobre su nacionalidad.

Foto cortesía @PresidencialVen

Por Maru Morales P.  | @morapin
Publicado en Crónica.Uno el 16 de mayo de 2018

Caracas. Nicolás Maduro pierde la voz a medida que pasan los días de la fugaz campaña electoral presidencial, una de las más cortas de la historia política reciente de Venezuela. Realiza hasta tres actos en un mismo día para tratar de cubrir todo el territorio.

Aunque el uso de recursos del Estado para incitar el voto a beneficio propio está prohibido en la ley, Maduro aprovecha los mítines para ejercer funciones de gobierno: entrega casas, inaugura exposiciones; anuncia contrataciones colectivas, ofrece “chambas” —nunca empleos ni trabajo— a los jóvenes venezolanos; entrega créditos agrícolas; reinaugura hospitales y aeropuertos mil veces reinaugurados en campañas pasadas. También ofrece un pago a los portadores del carnet de la Patria que voten a su favor el próximo 20 de mayo.

En paralelo, poblaciones enteras pasan días sin luz, y, en consecuencia, sin agua, sin suministro de gasolina, sin transporte público, sin actividad escolar, sin servicios de emergencia, sin refrigeración en los supermercados, etcétera. El caso reciente más grave, por su duración —más de cuatro días— fue el del Zulia que se quedó sin luz desde el 18 de abril y para el inicio de la campaña, el 22, aún el servicio no estaba 100 % operativo.

Entonces, Maduro optó por arrancar su campaña lo más lejos posible de esa realidad: se fue a Bolívar, entidad azotada por una epidemia sin precedentes de malaria y paludismo, enfermedades erradicadas en el mundo.

Sus actos se llenan de algunos fervientes seguidores, muchos empleados públicos y miles de beneficiarios del carnet de la Patria, definido por la Asamblea Nacional como un “perverso mecanismo de control social”.

Nacionalidad cuestionada

Como quien tiene una molesta piedrita en el zapato, cada vez que puede, en su campaña, trae a colación sus orígenes. Esta semana estando en La Fría, Táchira, aseguró que él era tachirense porque su abuelo era de allá. Pero lo cierto es que las dudas que se ciernen sobre el lugar de nacimiento de Maduro y sobre su nacionalidad lo han acompañado desde que inició su gobierno en 2013.

El problema radica en que la madre de Maduro, Teresa Moros Acevedo, nació en Colombia. A esa conclusión llegaron de manera separada en el tiempo y el espacio tres investigaciones independientes: la del exdiputado venezolano Walter Márquez (2013 y 2014), la de la Asamblea Nacional de Venezuela (2016) y la del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana (marzo de 2018).

“Por mandato de la Constitución Colombiana de 1991, se le otorga, de pleno derecho, la nacionalidad colombiana a Nicolás Maduro Moros, por ser hijo de una nacional colombiana por nacimiento”, señaló Márquez en su oportunidad.

El tema se enfrió hasta que la oposición logró la mayoría en el Parlamento. En abril de 2016 se comisionó a la diputada Dennis Fernández para dirigir comunicaciones a la Registraduría, Cancillería y Parlamento de Colombia. En una primera diligencia, en junio de ese año, la diputada preguntó a estos organismos si tenían evidencia de que Maduro hubiera nacido en ese país. Los entes colombianos respondieron, luego de algunos días, que no. Maduro no nació en Colombia según los registros oficiales.

En una segunda diligencia, realizada en septiembre de 2016, Fernández preguntó a los mismos organismos si tenían en sus registros de ciudadanos a la señora Teresa Moros Acevedo. La respuesta llegó el 5 de octubre de 2016: “La Registraduría Nacional certifica que la ciudadana Teresa de Jesús Moros de Maduro es de origen Colombiana, nacida en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander el día 01 de Junio de 1929, expedida su cédula de Ciudadanía el 9 de Diciembre del 1956 en Bogotá, Cundinamarca (sic)”.

El pasado mes de marzo, el expresidente Pastrana mostró públicamente la cédula de bautismo de la madre de Maduro, que ratifica lo que ya había dicho la Registraduría dos años antes.

La respuesta del Estado venezolano ante esta situación se dio por partes. En una primera sentencia de mayo de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó en un caso de otorgamiento de pasaporte a un menor de edad que “ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será esta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma”. Sin hacer mención alguna al caso de Maduro, esa jurisprudencia quedó allí. Luego, el 28 de octubre de 2016, la Sala Constitucional del TSJ dictaminó que Maduro “es ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad”. Sin embargo, ni el acta de nacimiento de Maduro ni el acta de bautismo de su madre formaron parte del expediente levantado por el máximo juzgado.

El pasado enero, los magistrados del TSJ en el exilio le exigieron a Nicolás Maduro mostrar públicamente su partida de nacimiento; petición que fue ignorada por el hoy aspirante a la reelección.

El ascenso

Describe a Hugo Chávez como su padre y mentor político

Nicolás Maduro no es ajeno al poder. Aunque vende la imagen de ser un hombre humilde e independiente de intereses económicos, la fiscal designada y destituida por su partido, Luisa Ortega Díaz, dijo en 2017 que Maduro estaba presuntamente relacionado con una de las empresas mexicanas que proveía al Estado de las cajas Clap. La Asamblea Nacional le sigue la pista a ese rastro y el presidente de la comisión de Contraloría, Freddy Superlano, viajó la semana pasada a México para recibir más información.

Pero el cargo de presidente es el último de una carrera política en permanente ascenso, emprendida por Maduro a la sombra de Hugo Chávez. Empezó como su mandadero cuando este se encontraba en prisión por intentar derrocar a un gobierno electo constitucionalmente. Continuó con su postulación y elección como diputado del extinto Congreso Nacional en 1999.

Luego se postuló a la Asamblea Nacional Constituyente del 1999, silla que ocupó hasta enero de 2000 y en paralelo encabezaba el Frente Constituyente de Trabajadores. Desde esa trinchera defendía la tesis de una central única de trabajadores, que se perfilaba como una confederación obrera plegada a los intereses gubernamentales: eso terminó siendo la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.

Unos meses más tarde fue electo diputado a la recién estrenada Asamblea Nacional para el período 2000-2005, llegando a ser coordinador parlamentario del MVR y del Bloque del Cambio. El golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril de 2002 lo vivió desde las afueras de Miraflores hasta que Chávez fue traído de vuelta al Palacio de gobierno en un helicóptero.

Canciller estratégico

Recorrió el mundo para diseminar la política exterior de Chávez

En las elecciones de 2005 para escoger a los diputados del siguiente período parlamentario, 2006-2011, Maduro fue reelecto. Con la bendición de Chávez, en enero de 2006 fue nombrado presidente del Poder Legislativo, pero solo hasta a agosto, cuando lo llamó al Ejecutivo para ocupar el cargo de canciller.

Pero ese llamado no fue casual. Unos meses antes, la última semana de julio de 2005, la Asamblea Nacional había aprobado la segunda de tres reformas realizadas a la Ley del Servicio Exterior Venezolano desde la llegada de Chávez. Precisamente, la reforma que le dio al presidente de la República la potestad para designar al 100 % de los embajadores (antes tenía una cuota de 50 %).

Desde esa posición, que mantuvo hasta octubre de 2012, y con Chávez removiendo del camino a todos los diplomáticos de carrera y embajadores que no se plegaran a sus propósitos, Maduro fue el artífice de la denominada “política exterior de la petrochequera”, que buscaba dos objetivos: exportar el modelo de gobierno chavista a toda la región y establecer alianzas políticas y personales entre los líderes regionales para protegerse mutuamente de la fiscalización internacional, no solo en lo económico, sino en lo político (democracia) y en Derechos Humanos.

Con esos objetivos en mente, Maduro se dedicó a fortalecer al Alba, creada en 2001; a la Unasur, creada en diciembre de 2004; a Petrocaribe, creado en junio de 2005; y a otras instituciones satélites como el Banco del Sur, Telesur, la Radio del Sur; el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre); y finalmente lograr la incorporación de Venezuela a Mercosur, proceso que se inició en 2006 y se concretó en 2012.

Paradójicamente, el gobierno de Maduro fue el artífice de la expulsión de Venezuela de Mercosur. El pasado 5 de agosto de 2017 los países fundadores de la alianza económica determinaron que la represión contra la disidencia y la escogencia de una constituyente inconstitucional conformaban una clara “ruptura del orden democrático”.

Un plan bien pensado

En 2012, Chávez, consciente de la gravedad de su enfermedad, diseñó un plan de sucesión que comenzó a armar inmediatamente después de su reelección en octubre, y que anunció luego públicamente en diciembre de ese mismo año cuando partió a Cuba para un último tratamiento. Chávez instó a sus seguidores a votar por Maduro en caso de que fuera necesario convocar una nueva elección.

Y así fue. Maduro siguió su ascenso político hasta llegar a la presidencia de la República, no sin antes protagonizar la primera violación constitucional de lo que sería su mandato: en primer lugar, tras la muerte de Chávez, la presidencia debió recaer temporalmente en el presidente de la Asamblea Nacional, mientras el CNE convocaba una nueva elección. Ello no ocurrió. En segundo lugar, como vicepresidente ejecutivo, Maduro estaba obligado a separarse del cargo para postularse y hacer campaña por la presidencia. Eso tampoco ocurrió.

El TSJ en manos de Luisa Estella Morales y la AN dirigida por Diosdado Cabello, torcieron la letra de la Carta Magna hasta lograr que se ajustara a las necesidades del partido de gobierno. El tribunal emitió una sentencia que ordenaba la investidura de Maduro como presidente encargado —figura inexistente en la Constitución— y el Parlamento la secundó, prestándole juramento unos días después del anuncio de la muerte de Chávez.

El enterrador del chavismo

En acto de campaña en Delta Amacuro

Maduro es también responsable de la fractura interna del chavismo. Si bien mantuvo e incluso reforzó la presencia militar en el gobierno, entregándole a los uniformados el control de la alimentación, el petróleo y la minería, se rodeó de otros civiles que Chávez había mantenido a raya, y fue relegando a figuras del chavismo originario. El más emblemático, Rafael Ramírez.

Desde el momento en que fue investido presidente, Maduro comenzó a ponerle su sello personal a lo que sería su gobierno. Una de las primeras medidas que generó descontento en las bases y dirigencia histórica del chavismo fue la modificación del plan de gobierno. Aunque se empeñó en decir que su “plan de la patria” era el mismo presentado por Chávez en 2012, en el artículo «Al plan de la patria le cambiaron hasta el nombre«, publicado por El Nacional, se evidencia que se le hicieron más de 100 modificaciones de forma y fondo al texto original presentado por Chávez.

Comenzando el año 2014, Jorge Giordani y Héctor Navarro encabezaron lo que se convertiría en un goteo continuo de disidencias, abandonos y rupturas chavistas. Unas más escandalosas (Luisa Ortega, Rafael Ramírez) que otras (Heiber Barreto, Carlos Hurtado). Todos le acusaron de traicionar el proyecto político-económico original de Hugo Chávez.

Marxista hasta los huesos

Nacido en noviembre de 1962, Maduro inició su activismo político —siempre en la izquierda marxista con preferencia por el ejercicio vertical del poder— en los años 70 como dirigente estudiantil con el movimiento Ruptura. Luego pasó a la Liga Socialista. En 1984, se postuló a un cargo en el Metro de Caracas donde obtuvo el puesto de chofer de Metrobus.

De inmediato se afilió al Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, donde llegó a ser delegado. En los años de prisión de Chávez conoció a Cilia Flores con quien mantuvo una relación medio tormentosa, según cuentan trabajadores de la Asamblea Nacional, hasta que finalmente en 2013 se casó con ella. En 1994, cuando Hugo Chávez salió de la cárcel, dejó a la Liga y se unió al MBR-200. En 1997 fue cofundador del MVR, creado para participar en la elección de 1998. En 2007, el MVR mutó al PSUV, y ahí estaba Maduro en la dirección nacional del partido

Luego de la muerte de Chávez, una asamblea de delegados del partido realizada a mediados de 2013, acordó que Maduro presidiera el PSUV, pero ratificó a Diosdado Cabello como vicepresidente.

¿Quién le susurra al oído?

Chamanes bendicen a Maduro en campaña por Amazonas

Un reportaje publicado en Armando.Info en junio de 2015 («El mentor entre las sombras de Nicolás Maduro») se refiere al entonces ministro de Trabajo, Jesús Martínez, como uno de los más cercanos consejeros del hoy candidato a la reelección.

Martínez ya no es ministro pero sigue siendo colaborador de confianza del primer mandatario. Se conocieron en la Liga Socialista, que era el brazo político de un movimiento irregular denominado Organización de Revolucionarios. Martínez es mucho mayor que Maduro. Es corredactor de la Ley del Trabajo firmada por un Chávez adolorido y cansado el 30 de abril de 2012.

Otros dirigentes de izquierda en los que Maduro confía son el expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas y el exdiputado Eduardo Piñate, quien desde 2016 es el secretario ejecutivo del PSUV.

Pero uno de los más polémicos consejeros de Maduro es el economista español Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, a quien el Jefe de Estado denomina el Jesucristo de la economía. Le fija las líneas a seguir en aspectos sobre producción, política cambiaria, entre otras.

En paralelo, el mandatario tiene que compartir el poder con varios grupos que tienen el control en aspectos clave de la economía como el manejo de las importaciones, el régimen cambiario y la industria petrolera.

Algunos indicadores

Se autodenomina presidente obrero y defensor del salario, pero cuando llegó al poder en 2013, el salario mínimo era de 2457 bolívares (sin cestaticket). En aquel entonces, ese monto alcanzaba para comprar 31 cartones de huevos, producto que promediaba unos 80 bolívares por cartón. Hoy, el salario mínimo es de 1 millón de bolívares con lo cual solo se puede comprar medio cartón de huevos por un valor de 800.000 bolívares.

En cada período promete que será el año de la recuperación económica pero a la vista de todos cae la producción agrícola, pecuaria e industrial. Los denominados motores de la economía como petróleo, manufactura y construcción tienen cinco años de retroceso. 

La inflación anualizada a abril de 2013, según datos del BCV, era de 29 %. Para diciembre de 2015, cuando violando la constitución el BCV dejó de publicar la inflación, el indicador cerró en 180 %. En abril pasado, de acuerdo con el cálculo realizado por la comisión de Finanzas del Parlamento, la inflación acumulada solo en los primeros 4 meses del año fue de 897,2 % y anualizada desde abril del año pasado alcanzó 13.779 %. En paralelo, mientras las economías de todos los países del continente crecerán 2 % en 2018 según previsiones del FMI, Venezuela tendrá una contracción económica de 15 %.

Se describe como defensor del bolívar y desde 2013 promete acabar con el dólar paralelo, pero la paridad siguió escalando, y marca los precios. Hoy día el sector privado tiene que financiar más de 80 % de sus importaciones por la vía del mercado paralelo, debido a la restricción en la entrega de dólares oficiales. Maduro dispone de menos ingresos por  el declive de la producción petrolera y además encara elevadas deudas.

Con la prolongación la crisis, la pobreza por ingresos aumentó y a 2017 fue 87 %, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

La brutal escasez de medicinas, infraestructura hospitalaria y alimentos que se desató en los últimos tres años bajo el signo de Maduro, desencadenó un fenómeno nunca antes visto en la historia del país: la migración masiva de venezolanos. El Registro de Venezolanos en el Exterior que levanta la AN muestra que la fragmentación familiar ha tocado todos los estratos y afecta principalmente a niños y ancianos. La Oficina Internacional de Migraciones informó el mes pasado que para 2015 se habían ido del país 700.000 venezolanos, pero al cierre de 2017 la cifra se ubicaba en 1.622.442. Pero ONG venezolanas y dirigentes políticos aseguran que el número de migrantes supera los tres millones desde que Maduro asumió el gobierno. El Centro de Derechos Humanos de la UCAB calcula que el día de hoy —mientras se realiza la lectura de esta nota— se irán del país 5000 venezolanos por las fronteras terrestres de Brasil y Colombia.

El aspirante a ser reelegido presidente este año, también lleva sobre sus hombros la desaparición de los alimentos y las medicinas del territorio nacional como consecuencia de la caída del ritmo de las importaciones, la inexistencia de una economía diversificada y la ingente corrupción de casi todos los organismos públicos empezando por Pdvsa —la comisión de Contraloría de la AN estima que hay al menos 350.000 millones de dólares en paraísos fiscales producto de la malversación.

Por último, y no menos importante, la desaparición, desvío, reducción o malversación de partidas para invertir en modernización y ampliación de los servicios públicos ha devenido en el deterioro total del sistema eléctrico, de agua potable, gas doméstico y transporte público.

Dos millones de viviendas

En plena campaña Maduro anunció que solo quienes tengan
el carnet de la Patria podrán acceder a la misión vivienda

Para sus detractores, el gobierno de Maduro se resume en destrucción de la economía; violación masiva de Derechos Humanos a través de mecanismos como las OLP, la represión de la disidencia y el aumento exponencial de presos políticos; la destrucción de la institucionalidad y la separación de poderes con un CNE, TSJ y Poder Ciudadano plegados a sus intereses; y el perfeccionamiento del sistema de control social implantado por Chávez a través de las misiones sociales con la incorporación de instrumentos como el carnet de la Patria y los Comités Locales de abastecimiento y Producción (Clap).

Del otro lado, el portal Venezuela Socialista en Cifras presenta los logros de Maduro. Uno de esos logros es el número de viviendas entregadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela entre 2011 y 2015 (869.252 en total en ese lapso). El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció la entrega de la vivienda número 2.000.000 y el presidente candidato prometió que, de ser reelecto, este año entregaría la vivienda 3.000.000. La cifra equivale a construir un millón de viviendas en 9 meses, lo cual suena irreal si se toma en cuenta que el promedio de viviendas construidas entre 2011 y 2017 fue de 270.000 por año.

En ese mismo portal hay cifras de pobreza, desempleo y producción agrícola, pero todas corresponden a 2013, 2015 y 2016. Ninguna describe el presente en el que aspira ser reelecto el presidente candidato.

Los millones de Odebrecht

Más allá de ser el principal responsable del correcto funcionamiento de la economía y la pulcritud de las finanzas públicas y en consecuencia responsable indirecto de cualquier obra inconclusa o desvío de fondos en las instituciones del Estado, el nombre del presidente Maduro salió a relucir en el escándalo de corrupción mundial más resonante del siglo XXI: el caso Odebrecht.

En marzo de 2014, la Fiscalía de Brasil inició una investigación por presunto lavado de dinero (Operación Lava Jato) que a la vuelta de dos años había encarcelado a decenas de directivos e intermediarios de varias empresas y gobiernos de la región con la estatal brasilera.

Para mediados de 2015 se comenzaron a conocer las filtraciones del juicio que se seguía a las autoridades de la estatal brasileña que al menos durante la década anterior fue la principal beneficiaria de las obras de infraestructura más grandes y costosas de Venezuela en la historia reciente.

En mayo de 2017, la publicista brasileña, Mónica Moura, responsable con su marido, Joao Santana, de varias campañas electorales en América Latina, aseguró que el presidente de Venezuela y actual candidato a la reelección, Nicolás Maduro, le pagó 11 millones de dólares en metálico no declarados durante su gestión como canciller de Venezuela, para la campaña electoral para la reelección de Hugo Chávez en 2012.

En octubre de 2017, Euzenando Azevedo, principal intermediario entre el gobierno de Venezuela y Odebrecht, cantó: dijo que Nicolás Maduro recibió 35 millones de dólares de la constructora para financiar su campaña electoral de 2013, a cambio de agilizar los pagos a la empresa y conceder nuevos contratos.

En febrero de este año, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida el año pasado de manera inconstitucional por la Asamblea Constituyente, solicitó al TSJ en el exilio un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por su implicación en el caso Odebrecht. El juicio se encuentra en proceso.

Presidente sancionado

En 2017, Nicolás Maduro fue objeto de tres sanciones financieras internacionales. El 31 de julio, al día siguiente de la elección de la fraudulenta ANC, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le congeló las cuentas y activos en ese país “por ser un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”.

El 22 de septiembre la cancillería de Canadá tomó la misma medida (congelación de bienes y activos) contra Maduro y otros 24 altos funcionarios “por su comportamiento antidemocrático”.

El 3 de noviembre, nuevamente Canadá le dictó prohibición de entrada a ese país a Maduro y a otros 18 funcionarios de su gobierno “por ser responsables o cómplices en graves violaciones de los DD. HH. y corrupción”.

El 2 de marzo de 2018 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó la Orden Ejecutiva emitida por Barak Obama en marzo de 2015 contra el Estado venezolano porque le considera una amenaza para sus intereses. La nueva orden ejecutiva incorporó “las graves violaciones de Derechos Humanos, la presunta responsabilidad de Maduro en la agudización de la crisis humanitaria, el establecimiento de una ANC ilegítima, y la corrupción desenfrenada y persecución a la oposición”.

El 29 de marzo de 2018, la Comisión Contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas de Panamá prohibió al Estado panameño realizar operaciones comerciales o financieras con Maduro y otros 54 funcionarios venezolanos “por riesgo de lavado de activos, cooperación con el terrorismo y proliferación de armas masivas”.

Pero aún con el saco de sanciones, acusaciones y sospechas en su contra, Maduro sigue adelante con su aspiración de ser reelecto y tiene quien lo respalde.

A su izquierda Cilia Flores su esposa y consejera política;
a su derecha Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV

Fotos cortesía @PresidencialVen